Para algunas sociedades y estados con una democracia plena, como el caso de Costa Rica, el derecho al voto es uno de los privilegios más grandes que puede tener una población.
Según un informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist, publicado en el 2020, nuestro país se encuentra dentro de las tres democracias plenas de América Latina, por detrás de Uruguay y Chile y está ubicada en la posición 18 de 167 países a nivel mundial.
En parte, es gracias a la transparencia en los procesos electorales, así como el respeto a los derechos individuales, aún en tiempos donde la pandemia llegó a cambiar muchas cosas en todas las naciones.
Como ciudadanos, debemos estar orgullosos de tener la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes y expresar nuestra opinión a favor o en contra sobre temas que nos afectan como individuos y sociedad.
Nos encontramos a las puertas de participar en una segunda ronda electoral, como lo fue en el 2014 y 2018, que, debido al alto grado de abstencionismo en una primera ronda, el Tribunal Supremo de Elecciones invirtió más tiempo y recurso, tanto humano como técnico y financiero, para llevar a cabo dicho proceso democrático.
El valor del voto no es solo para elegir a la persona que nos liderará durante 4 años, buscando el bienestar común del país. Es, además, una inversión a gran escala, en la cual, el Estado, por medio del TSE, considerado como el cuarto poder de la república, incurre para hacer efectivo este derecho, y, a la vez, obligación, que tenemos como costarricenses.
El tribunal presupuestó, para estas elecciones 9.200 millones de colones, divididos en un gran total de 6.600 millones de colones para la primera ronda y los restantes 2.600 millones de colones en un eventual balotaje (segunda ronda), según datos facilitados al medio digital El Financiero.
Cuando hablamos de montos e identificamos aproximadamente un 40% de abstencionismo en la primera ronda, vemos el poco valor que le damos al esfuerzo que se da para que todos podamos elegir a nuestros gobernantes y representantes en la Asamblea.
Pero el verdadero valor no es monetario solamente. Va más allá de eso.
Es no ejercer mi posibilidad de libre opinión y elección, ya sea por pereza a acceder a información que me permita crear un pensamiento crítico, y, así, tomar la decisión que crea conveniente, o, sencillamente, dejarnos llevar por todos los datos que recibimos de diferentes partes, gracias a la comunicación inmediata que nos brindan las plataformas digitales.
No es un secreto que la desinformación, así como las malas decisiones y la situación país en la que nos encontramos, alimentan las ganas de no ir a votar, que se evidencia en ese 40% de abstencionismo.
Acá es donde debemos ser ciudadanos responsables, a partir de analizar cada dato que se recibe, encuesta que se publica o mensaje político que se percibe.
Como profesionales, debemos marcar la diferencia y valorar aún más la posibilidad de emitir el voto en un país democrático y soberano como el nuestro, envidiado por muchos, donde opinar y expresar nuestras ideas es libre, siempre dentro del marco del respeto y la tolerancia.